En 2010, el Segundo Congreso Mundial sobre la Integridad de la Investigación acordó que los directores de las revistas deberían tener la máxima transparencia: los autores deben declarar sus conflictos de intereses (CdI) potenciales, deben evitar que expertos externos revisen los manuscritos si presentan CdI y, en fin, impedir que los miembros de los comités editoriales se involucren en decisiones sobre textos con los que tengan potenciales CdI, y que estos se declaren, «idealmente públicamente»1. Las recomendaciones del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas2 (ICJME) abundan en lo mismo, pero señalan que los CdI potenciales de los equipos editoriales deben hacerse públicos de forma regular. Son miles las revistas de biomedicina miembros del Comité de Ética de la Publicación1 (COPE) o adheridas a las recomendaciones del ICMJE2.

En una muestra aleatoria de 350 revistas adheridas a las recomendaciones del ICMJE, entre las que tenían factor de impacto, el 95% publicaba en sus portales unas instrucciones sobre CdI potenciales de los autores, pero esto solo ocurría en el 38% y 20% cuando se trataba de las políticas sobre los CdI de revisores y equipos editoriales, respectivamente3. Solo el 1% publicaba los potenciales CdI de cada uno de los miembros del comité editorial3.

La revisión de los portales de 20 revistas españolas, 19 de ellas órganos de expresión de sociedades científicas, y todas con un factor de impacto en 2017 superior a 1, muestra que: a) todas requieren que los autores declaren sus CdI potenciales; b) solo una (Gaceta Sanitaria) menciona la necesidad de que los revisores no presenten potenciales CdI; y, c) solo dos (Anales de Pediatría y Revista Española de Cardiología) facilitan los CdI potenciales de cada uno de los integrantes de sus equipos editoriales (tabla 1). Ocho revistas son miembros de COPE y 9 se han adherido a las recomendaciones del ICMJE, según la información incluida en sus respectivos portales de Internet. Dieciséis son editadas por Elsevier, y con la variedad de relaciones que muestran con el COPE y las recomendaciones del ICMJE, se pone de manifiesto la libertad que tiene cada una de ellas con respecto de la editorial.

A lectores y autores les puede llamar la atención que sea excepcional que las revistas hagan mención en sus portales sobre la necesidad de evitar que los revisores presenten CdI, y que no se publiquen los CdI potenciales de los miembros de los comités editoriales. Pero esto, sorprendentemente, también ocurre con las 14 revistas que son miembros del ICMJE y, por tanto, autores de sus recomendaciones: el 96% solicita la declaración de los CdI potenciales de los autores de los manuscritos, pero solo el 36% tiene en sus portales las políticas de los CdI relativas a los revisores y a los equipos editoriales, y solo el 14% informa de los potenciales CdI de cada miembro del comité editorial4. Por tanto, las revistas españolas y las del ICMJE se muestran muy exigentes con los autores, pero notablemente laxas con la transparencia de los requisitos que deben aplicar a las personas involucradas en el trabajo editorial: los revisores y los comités editoriales.

Es difícil entender por qué las revistas no hacen públicas sus políticas para los revisores —aunque de hecho las tengan y las pongan en práctica—, y por qué los equipos editoriales se niegan a publicar sus propios CdI potenciales. Recientemente, sin embargo, el comité editorial de Anales de Pediatría decidió hacer públicos sus potenciales CdI5. Revisando los CdI de los equipos editoriales de las dos revistas españolas que obran de este modo, se observa que de forma narrativa o de forma estructurada, la información publicada es relevante, pues el lector puede conocer una información que ya tiene de los autores de los artículos. La situación descrita debiera corregirse, al menos entre las revistas que son miembros del COPE1 o que se han adherido a las recomendaciones del ICMJE2.