A más de 215 años del empleo de la primera vacuna, y con la constancia de millones de vidas salvadas, el uso de la profilaxis activa contra las enfermedades infecciosas de la infancia resulta cuestionado, criticado y, lamentablemente, obviado en niños de nuestro país.
No podemos evitar considerar que las voces en contra de las vacunas proceden de gente que nunca conoció las catástrofes de la epidemias de hace solo unas décadas.
La renuncia a vacunar a los niños está produciendo enfermedad y muerte en nuestra población infantil, como se ha podido constatar en los brotes epidémicos de sarampión de Granada en 2010 y la creciente incidencia de esa enfermedad en la Comunidad de Madrid.
Parece hacer cierta la frase de Edmund Burke referente a los pueblos, que decía que los que no conocen su historia están obligados a repetirla.
En el momento en que una enfermedad terrible como es la poliomielitis espinal epidémica está prácticamente erradicada y cuando existen estrategias regionales, como la puesta en marcha en las Américas para erradicarlo allí, nos ha venido a la memoria el brote epidémico de poliomielitis que tuvo lugar en la ciudad desde donde escribimos en el ya lejano año de 1969. La revista Time lleva a su portada de la edición para Europa del 14 de enero de 2013 el titular «Killing polio»1 y las dificultades para poder erradicar esta plaga en países en vías de desarrollo, en los que, además, las dificultades se agravan por la situación política y los tabúes sociales.
El fenómeno epidemiológico descrito tuvo la particularidad de que una vez declarado y comprobada la etiología del brote, el gobierno del estado de la época negó su existencia en notas oficiales. En medio de una dictadura en la que las libertades estaban denegadas, y entre ellas no menos la de expresión, el motivo nunca expresado públicamente era el efecto que una epidemia de tales características podía tener en el turismo extranjero, en aquella época una fundamental fuente de ingresos para el país.
Faltar a la verdad no es patrimonio de las dictaduras totalitarias. Quienes en la actualidad se oponen al uso de las vacunas utilizan argumentaciones falaces, carentes de objetividad o evidencia. Y, en algunos casos, como el affair Wakefield2, basados en una negligencia criminal al asociar la vacuna del sarampión al autismo, cuyas consecuencias aún colean en el Reino Unido.
Lamentablemente, en una situación sociopolítica de crisis, en la que se pone en cuestión prácticamente todo y en que la credibilidad que lo que se conoce como «el sistema» se halla en entredicho, proliferan los que argumentan críticas por el afán de la crítica, sin calcular las consecuencias.
El estudio retrospectivo histórico del brote de poliomielitis de 1969 no nos ha permitido completar la evolución de los casos, pero sí constatar que tuvo la tremenda mortalidad del 46%, en parte asociada a la ausencia de métodos de asistencia respiratoria como los que hoy día podrían colaborar a supervivencias mejores.
De suceder hoy día un brote semejante, lo que de buen seguro las autoridades sanitarias no podrían permitirse, sería negarlo vergonzantemente. Y menos en prevención de efectos sobre la demanda turística. Pero estamos expuestos a tales ocurrencias si el rigor de los programas de vacunación se relaja o el número de objetores a las vacunas aumentan.
Cabe añadir que la caprichosa existencia de calendarios vacunales distintos según las comunidades autónomas, por razones políticas de difícil comprensión, no ha contribuido a fomentar la confianza del público en los programas de vacunación obligatoria.
Los pediatras tenemos la obligación de mantener con firmeza los programas de vacunación de la población infantil, sobre todo recordando lo que las carencias nos costaron en el pasado y que nos pueden resultar igualmente costosas en la actualidad.
