Rafael Dal-Re1 concluye en la carta publicada en este número que todos los equipos editoriales de las revistas deberían declarar sus conflictos de intereses (CI). El equipo editorial de Anales de Pediatría agradece la sugerencia, y obra en consecuencia declarando sus CI. Es evidente que los editores deben actuar libres de presiones que influencien sus decisiones, pero la realidad es que resulta muy difícil asegurar esta libertad. En los últimos años se han publicado diversos artículos2–4 con opiniones no siempre coincidentes sobre la mejor forma de controlar la independencia del proceso editorial. La mayoría de artículos tal como se manifiesta en la carta de Dal-Re1 hacen exclusiva mención a los CI financieros relacionados con la industria médica. Sin embargo, el Equipo Editorial de Anales de Pediatría alerta que existen otros tipos de CI, no despreciables, como los académicos, profesionales o incluso personales, que resultan más difíciles de valorar. Todos ellos pueden contribuir a que un autor, un revisor o un editor ofrezcan una visión sesgada de un tema a los lectores de las revistas médicas. Por otro lado, los CI son juzgados, la mayor parte de las veces, de una manera arbitraria. Su declaración no es necesariamente sinónimo de transparencia, así como una larga lista de relaciones con agentes externos, como las compañías farmacéuticas, no significa necesariamente que exista un juicio sesgado. Lo que parece evidente es que, si los editores de las revistas exigen a los autores la declaración de CI, ellos mismos deben dar ejemplo realizando dicha declaración. Además, puede resultar aconsejable que los editores hagan públicos los criterios que siguen para decidir apartarse de la toma de decisiones respecto a un manuscrito específico4. De esta forma, queda explícito de alguna forma el campo de los CI académicos, profesionales o personales (tabla 1).

Los editores de Anales de Pediatría no perciben remuneración económica ni de la editorial Elsevier, ni de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Aunque esta postura podría ser objeto de discusión nuestro planteamiento, siguiendo al del equipo editorial anterior, ha sido el de tratar de lograr la máxima independencia en la toma de decisiones. Los editores y la propia AEP consideran irrenunciable que la revista siga siendo gratuita para los socios, lo que implica la búsqueda obligada de financiación para la misma por parte de la propia AEP; pero asegurando la independencia editorial sin conflicto de intereses con ninguna empresa.

En resumen, somos conscientes de que los lectores y los autores de los manuscritos nos exigen la toma de decisiones sin otro criterio que no sea el científico y el de la búsqueda de impacto positivo sobre los pacientes pediátricos. No resulta fácil asegurar la ausencia absoluta de sesgos. El artículo de Dal-Re1 nos ha permitido reflexionar públicamente y hacer explícitos nuestros criterios de comportamiento en este tema de tanta actualidad.